Redacción. Sevilla
El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado, con el apoyo del PSOE-A y la abstención de PP-A e IULV-CA, la Ley de Salud Pública, una normativa que obliga a que las iniciativas, proyectos, obras y actividades públicas y privadas requerirán para su aprobación de un informe de evaluación de impacto en la salud colectiva, incorporando además las prioridades de prevención y promoción a las distintas políticas que desarrolla la Administración autonómica, especialmente en los ámbitos del empleo, la vivienda, el deporte, la innovación, la educación y el urbanismo.

La consejera de Salud, María Jesús Montero.

La evaluación del impacto en salud afectará especialmente a los planes y programas de la Junta de Andalucía, a los instrumentos de planeamiento urbanístico en general y aquellos que afecten a áreas urbanas desfavorecidas. Frente a otras leyes similares aprobadas en algunas comunidades autónomas, la norma andaluza va más allá de la perspectiva instrumental y asistencial para garantizar los derechos de nueva generación recogidos en el Estatuto de Autonomía y establecer las obligaciones de la población.

Entre los derechos regulados destaca el relativo al conocimiento. De acuerdo con su reconocimiento legal, el proyecto obliga a la Administración no sólo a poner a disposición del ciudadano la información que le afecta sino también la capacitación necesaria para analizarla, asumirla y utilizarla libremente en las decisiones sobre su salud y en la participación en las iniciativas de tipo colectivo.

El derecho al conocimiento incluye también el acceso al resultado de las investigaciones y estudios de la autoridad sanitaria, así como a obtener información sobre las características esenciales de los productos alimentarios y sus condiciones de producción, distribución y comercialización.

De igual modo, se establecen los derechos a disfrutar de un adecuado nivel de salud pública; a contar con estrategias públicas de educación para la salud, movilidad sostenible y de promoción de actividades físicas; a la inmunización contra las enfermedades infectocontagiosas, y a recibir las prestaciones preventivas o rechazarlas siempre que esta decisión no afecte a terceras personas.

En materia urbanística y de vivienda, se recogen derechos relacionados con la inclusión de zonas verdes en los planeamientos, la prohibición del uso de materiales de construcción que suponen riesgos para la salud y la garantía de un perímetro de seguridad en la puesta en marcha de actividades o zonas industriales. Junto con la evaluación de impacto en salud de las actividades económicas, el proyecto de ley prevé también la posibilidad de establecer incentivos para las empresas que realicen planes de autocontrol o auditorías voluntarias.

Responsabilidad ciudadana

El texto sitúa a la ciudadanía como eje central de sus medidas y establece el principio de equidad generacional como la obligación colectiva de asegurar en el futuro las condiciones que hacen posible la salud pública. Para ello, además de los derechos, se recogen también las responsabilidades de la ciudadanía en esta materia.

Entre estas obligaciones para la población destacan las de poner en práctica las medidas de protección, promoción y prevención; utilizar adecuadamente la información recibida; no causar voluntariamente un peligro para la salud, y poner en conocimiento de la autoridad sanitaria cualquier situación que pueda constituir una emergencia pública. Para el incumplimiento de estas medidas, el proyecto fija sanciones que van desde los 600 a los 600.000 euros.

Finalmente, la normativa atribuye a la Consejería de Salud la gestión en esta materia a través del Instituto Andaluz de Salud Pública, además de disponer la creación del Centro de Investigación (que funcionará en red) y del Observatorio de la Salud Pública de Andalucía. De igual modo, la Consejería de Salud será el órgano encargado de emitir los informes de evaluación de impacto.

Posicionamiento de los grupos

La diputada del PSOE-A Cinta Castillo ha destacado que su grupo parlamentario ha aceptado durante la tramitación de esta normativa un 75 por ciento de las enmiendas presentadas por el PP-A y un 70 por ciento de las formuladas por IULV-CA, por lo que se trata de una ley "muy participada y consensuada" no solo con los partidos, sino también con los agentes sociales.

Castillo ha indicado que esta normativa abre nuevas perspectivas de cara al futuro e incide en un nuevo concepto de salud. "La salud ya no se entiende solo como la recuperación de la enfermedad, sino que la salud es el bienestar, y la plenitud social e individual", ha afirmado la diputada, quien ha añadido que "ha dejado de entenderse como un fin en si mismo, sino como una inversión que aporta riqueza".

Por su parte, la diputada del PP-A Ana María Corredera ha considerado que esta normativa requería de un debate "más en profundidad" del que se ha producido, "por las prisas legislativas" del Gobierno andaluz. En su opinión, con esta normativa se ha avanzado y mejorado, gracias a las aportaciones de los agentes sociales y los grupos parlamentarios, "pero aún quedan flecos importantes", por lo que el PP-A ha decidido abstenerse en la votación.

Corredera ha lamentado que su formación no haya sido capaz, a través de enmiendas, de cambiar aspectos "demagógicos" de la ley, que la normativa deje de caer "sobre las espaldas" de los ayuntamientos al demandarse planes municipales de salud sin una ayuda económica, o que se suprima la creación de nuevos entes instrumentales paralelos a la Consejería". Como positivo ha destacado el haber avanzado en el derecho de información y participación de los ciudadanos.

Finalmente, el diputado de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo ha comenzado su intervención asegurando que si esta ley fuera una novela, "seguramente obtendría el Premio Nobel de Literatura". "Pero las leyes no necesitan literatura sino presupuestos y de eso carece la normativa, siendo ése su principal handicap", ha apuntado el parlamentario, quien ha insistido en que sin financiación "la ley termina durmiendo en el sueño de los justos y no tiene ninguna utilidad práctica".

Sánchez Gordillo ha dicho que el Gobierno andaluz no actúa sobre el presente en materia sanitaria, lo que le lleva a no creer en lo que se dice que se va a hacer en el futuro. En su opinión, esta ley "no da para un sí, pero tampoco un no". Por ello, ha anunciado que su grupo no se abstendrá si el PSOE-A acepta algunas de las enmiendas de IULV-CA en relación a la creación de un laboratorio publico ético y solidario para elaborar fármacos a precio de coste; o a que progresivamente se camine hacia la desprivatización en la sanidad.

Agradecimiento de la consejera

Tras finalizar el debate, la consejera de Salud, María Jesús Montero, ha agradecido la participación durante la tramitación de la normativa tanto de los grupos parlamentarios como de los distintos agentes sociales. Ha valorado la "mano tendida" del PSOE-A durante todo el proceso y ha lamentado que ello no haya servido para que PP-A e IULV-CA hayan apoyado la iniciativa.

No obstante, ha asegurado que ello no va a restar "el ánimo" de los profesionales que la han elaborado. En su opinión, se trata de una normativa "de gran trascendencia social por encima de los propios contenidos en salud, puesto que se está avanzando en términos de mejora de calidad de vida".