María Márquez. Madrid
El Grupo Socialista ha llevado al Congreso su Proposición de Ley (PL) sobre universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública. Un ultimátum, como avanzó José Martínez Olmos a esta publicación, para que el pacto político por la sanidad sea un hecho. El Grupo Popular se ha opuesto (con 170 votos en contra) a que el inmigrante ilegal recupere la asistencia sanitaria completa en nuestro país. Esto significa que el acuerdo entre las dos fuerzas políticas mayoritarias en la futura Comisión de Sanidad y Servicios Sociales es inviable.
José Martínez Olmos ha defendido su proposición de ley.
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“Encuentre una fórmula para lo que usted pide en esta PL sin poner al Sistema Nacional de Salud en un grave problema de insolvencia”. Es la invitación realizada por el portavoz ‘popular’ Rubén Moreno al portavoz socialista de Sanidad, José Martínez Olmos, quien unos minutos antes ha vuelto a llevar a la Cámara baja la necesidad de revertir el contenido del Real Decreto 16/2012. Martínez Olmos ha defendido que la universalidad en el SNS se ha perdido “por razón de ciudadanía” y que la exclusión del inmigrante de la asistencia sanitaria ha convertido al sistema en “menos equitativo que hace dos años”. También se ha referido el portavoz socialista al ámbito financiero para reprochar al Gobierno que desde 2012 se ha generado una deuda sanitaria de 19.000 millones de euros (9.000 millones en 2012; 7.000 millones en 2013; y 3.000 millones de euros en 2014), en alusión al ataque sempiterno del Gobierno sobre la que ha “heredado” de la gestión del Ejecutivo socialista (16.000 millones de euros). “Si no se acepta esta PL, no va a ser posible el pacto en la futura Comisión de Sanidad”, ha advertido Martínez Olmos, al tiempo que ha pronosticado que al acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y los profesionales sanitarios tampoco le espera un final feliz. “Se romperá porque una parte importante de ese acuerdo es que se reconozca de nuevo la sanidad universal”, ha apuntado.
El resto de grupos parlamentarios han anunciado su apoyo sin fisuras a la propuesta socialista. Rosa Díez, portavoz de UPyD, ha asegurado que “es falso que el inmigrante ilegal utilice más que nadie la sanidad”, de ahí que no comparta los criterios economicistas con lo que se elaboró el 16/2012. En esta línea se han pronunciado también los portavoces del Grupo Mixto (Rosana Pérez, Sabino Cuadra, Uxúe Barkos) y el del Grupo Vasco, Joseba Egirretxea, para pedir la derogación del citado Real Decreto.
Gaspar Llamzares, portavoz de Sanidad de Izquierda Plural, ha advertido al Gobierno que “será el responsable de haber roto el pacto por la sanidad” ya que este no podrá fructificar “si no se recupera la lealtad al SNS”. Como Martínez Olmos, Llamazares se ha referido a la deuda generada en los años de Gobierno ‘popular’ para cifrarla en 4.500 millones anuales. “Reconocen que hacen frente a la deuda de 16.000 millones de euros y a 9.000 millones más”, ha dicho en alusión a una respuesta parlamentaria del Ejecutivo. Por su parte, Conxita Tarruella ha pedido que se “corrija” en el Real Decreto las medidas que no se han materializado como el copago hospitalario o los que se han echado atrás (transporte sanitario no urgente, prótesis). Además, Tarruella ha echado en cara al Ministerio el no haber proporcionado una “evaluación bien hecha, concreta, con datos, del ahorro que se ha conseguido” a raíz de la citada norma.
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