María Márquez / Hiedra García. Madrid
La Ley de Consumo aprobada en el Senado deja vía libre al Ministerio de Sanidad para que pueda moldear la oferta de plazas de formación sanitaria especializada en cada convocatoria. Hasta ahora, son las comunidades autónomas las que planean su oferta anual atendiendo a las propuestas de las comisiones nacionales de las especialidades.
Carmen Riolobos y Begoña Contreras (PP) han defendido la norma.
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Sin embargo, según el Partido Popular, el problema es que las comunidades se centran sólo en su territorio, lo que conlleva desviaciones en la oferta. Por esta razón, la Ley de Consumo prevé una adición al artículo 22 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), un nuevo párrafo en el que se da la oportunidad al Ministerio de Sanidad “de revisar la oferta anual pudiendo introducir, en su caso, medidas correctoras con la finalidad de que se ajuste a las necesidades de especialistas del sistema sanitario.”
Según ha informado el Partido Popular a esta publicación, “las comunidades autónomas tienen dificultades para que sus ofertas de plazas se adecuen a las necesidades globales de especialistas del sistema sanitario, ya que es inevitable que sus propuestas se centren en una visión acotada a su territorio y estructura asistencial y formativa. Esta visón conlleva, con cierta frecuencia, desviaciones de la oferta tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo (mantenimiento o incluso incremento de la oferta de plazas para especialidades con superávit, o estancamiento o incluso disminución de la oferta en especialidades deficitarias) lo que finalmente repercute en los niveles de eficiencia del propio sistema formativo con claras repercusiones presupuestarias.”
Cinco vetos reafirmados en el pleno
El proyecto por el que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios sale este jueves del Senado con cinco vetos presentados por parte de la oposición (PSOE, dos de Entesa, y dos del Grupo Mixto) y apoyados por otros grupos como CiU. Entre los reproches, las disposiciones que contiene la norma ajenas al ámbito del consumo propiamente dicho (profesiones sanitarios, regulación de psicólogos, personal de Monte Píos…etc) y la limitada regulación del e-cigarrillo.
Encarna Llinares.
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El debate no ha deparado sorpresas con respecto a lo sucedido la pasada semana en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara Alta. La portavoz ‘popular’ Carmen Riolobos se ha reafirmado en la idea de que las enmiendas y los vetos “no están justificados desde el punto de vista técnico, jurídico y político” y los ha achacado a la “precampaña electoral”. En cuanto al cigarrillo electrónico, Riolobos ha resaltado la labor precursora del Gobierno y el ministerio de Sanidad, al adelantarse a la Directiva Europea que se han comprometido a trasponer en la mayor brevedad posible, si bien no se han referido a la petición de la comunidad médico-científica para endurecer la regulación y equipararla al tabaco. Begoña Contreras, también portavoz del Grupo Popular, ha llamado la atención ante el hecho de que “por primera vez se presenten vetos en una trasposición de la Directiva Europea”.
En el debate ha quedado patente el apoyo mutuo entre la oposición, e incluso el Grupo CiU ha respaldado los cinco vetos presentados y ha lamentado no haber presentado uno porque “confió”, según la senadora Coralí Cunyat, en que la norma hubiese recogiese las propuestas de los grupos. “El trámite nos ha defraudado”, ha señalado Cuyant.
Encarna Llinares ha reprochado al Grupo Popular “la falta de voluntad política y de rigor” manifestada en la última Comisión. En cuanto al cigarrillo electrónico, ha recordado el manifiesto de 37 sociedades científicas y el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, al tiempo que ha instado a la senadora ‘popular’ Begoña Contreras a que “se disculpe” por “la falta de rigor” que, según Llinares, la llevó a equivocarse sobre el contenido del vapor de agua en su intervención en la Comisión.
Solo UPN se desmarca del rechazo
En su última intervención para defender la norma, Carmen Riolobos ha agradecido el voto de confianza de la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Amelia Salanueva, quien asentía desde su escaño. Englobado en el Grupo Parlamentario Mixto, el resto de sus ‘compañeros’ (Coalición Canaria, Izquierda Unida, Foro Asturias, Esquerra Republicana de Catalunya, EA) han mostrado su rechazo al proyecto.
Otras medidas sanitarias
Como adelantó esta publicación el pasado mes de enero, este proyecto legislativo se presentaba como la oportunidad ideal para cumplir los plazos pactados entre el Foro de la Profesión Médica y el ministerio de Sanidad con objeto de regular el nuevo Foro de las Profesiones Sanitarias Tituladas, tal y como ambas partes rubricaron el año pasado en La Moncloa. Y también entra en el plazo demandado por los psicólogos para dar respuesta a la inseguridad jurídica de aquellos profesionales que ejercen actividades sanitarias y que se encontrarían desamparados el próximo mes de octubre al vencer la última medida adoptada por el anterior Gobierno socialista. |
