Redacción. Santiago de Compostela
La diputada de AGE Eva Solla ha reprochado al Ejecutivo gallego del PPdeG "ser más papista que el Papa" para aplicar el copago de farmacia hospitalaria en Galicia, "cuando en muchas otras comunidades el propio Partido Popular decidió que los beneficios son inferiores a esos perjuicios que se van a producir". Por ello, cree que "este Gobierno se está comportando como uno de los más ultras que tiene el PP en el conjunto del Estado".
Eva Solla.
|
Solla ha alertado de "la destrucción" de la sanidad pública en Galicia a cargo del PPdeG y ha cifrado las últimas "privatizaciones" de servicios -en lo tocante a esterilización, gestión del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), alta tecnología y transporte sanitario aéreo- en más de 430 millones de euros.
Por este motivo, AGE ha presentado una batería de iniciativas en el Parlamento gallego, entre las que se incluye una interpelación a la consejera de Sanidad, Rocío Mosquera, para que "dé explicaciones" sobre estas privatizaciones, a quien ha vuelto a pedir que dimita, ya que "no es capaz de gestionar lo que los ciudadanos ponen en su mano" y por "su incompetencia".
En rueda de prensa, Eva Solla ha informado de "las últimas privatizaciones" del PPdeG en servicios sanitarios en Galicia, como la esterilización de instrumental empleado por el Sergas, que "va a costar cerca de 160 millones de euros", aunque "el propio contrato dice que los costes no son cerrados y podría incrementarse más".
Sobre este extremo, critica que "es una paso más", porque "se privatizan servicios en los que trabaja personal sanitario público", a la vez que se pregunta qué va a pasar con el personal de enfermería y auxiliares en esterilización, así como con la maquinaria empleada.
A esto se unen "las resoluciones para las empresas a las que se va a adjudicar" los contratos de alta tecnología -que ha cifrado en 88 millones de euros-. En el caso de radioterapia "se hablaba de Elektra y Variant, empresas que ya nombró la consejera en los últimos plenos cuando se debatió esto". Para el resto de servicios, ha apuntado que van a parar a "General Electric, Siemens y Philips", que supone "el engorde de oligopolios".
Además se ha referido a "la privatización de la gestión integral de espacios de todo el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO)". Concretamente, Hospital de Nuestra Señora do Cristal, Hospital Santa María Nai y Hospital Santo Cristo de Piñor, que "se puede ampliar a otros edificios".
Así, la diputada de AGE ha cifrado en "más de 181 millones de euros" la privatización de servicios del CHUO como el suministro de energía, la limpieza, vigilancia o seguridad.
Entre las últimas privatizaciones del Gobierno Gallego en este campo ha incluido también el transporte sanitario aéreo para el traslado de pacientes, por una cantidad superior a "ocho millones de euros", a lo que se unen otras privatizaciones del "día a día".
Abandono de centros y “colapso” de urgencias
En esta línea, Eva Solla ha denunciado que las privatizaciones de servicios "cada vez están siendo mayores" por parte de la Consejería de Sanidad, que "son una auténtica barbaridad", al tiempo que ha criticado que Rocío Mosquera "incumple sus palabras", ya que "decía que no se iban a privatizar servicios".
A renglón seguido, ha lamentado que las inversiones "son cada vez más pequeñas" en sanidad pública en Galicia, lo que se traduce "en una situación de abandono" de centros de salud como el de Vilanova de Arousa y Portonovo, o "las goteras" del Hospital Meixoeiro, en Vigo.
También ha denunciado que los servicios de urgencias "se colapsaron ya en varias ocasiones" este invierno, un problema que "viene de una gestión ineficaz de los servicios públicos".
Junto a esto, ha recriminado "el traslado de 300.000 personas del Chuvi al CHUS", pues "todavía no se sabe qué motivos sanitarios son los que van a derivar a esos pacientes" de Vigo a Santiago. Al respecto, se ha referido al "gran enfado" del personal sanitario en Vigo, porque "puede producir perjuicios" en cuanto al número de pacientes que necesitan para especializarse.
Finalmente, ha lamentado el convenio de Sanidad con Povisa por 10 años, "el máximo que se podía aplicar", "asegurando el negocio a esta empresa privada al calor de la ley de garantías sanitarias". |
