Leire Sopuerta Biota. Madrid
El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la proposición no de ley presentada por el Partido Popular por la que se instaba a un cambio en el sistema de precios de referencia, con el fin de volver al que se aplicaba en 2003 y a la participación de las comunidades autónomas en la definición del contenido de la prestación farmacéutica, su financiación y en la fijación de precios de referencia. La iniciativa, presentada por el Grupo Popular y defendida por Ana Pastor, ha recibido los votos en contra de PSOE, IU-ICV, Coalición Canaria y UPyD y la abstención de PNV, CiU y BNG.

Ana Pastor.

Durante su intervención en la Cámara Baja, Pastor ha pedido que se establezca el precio de referencia “como la cuantía máxima que se financiará de las presentaciones de especialidades farmacéuticas, incluidas en cada uno de los conjuntos que se determinen, siempre que prescriban y dispensen a través de receta médica oficial”. Asimismo, ha afirmado que las comunidades deben incorporarse en la toma de decisiones sobre el contenido de la prestación farmacéutica ante “la falta de una política eficaz por parte del Ministerio de Sanidad”.

A su juicio, el Gobierno socialista “no ha desarrollado una política farmacéutica coordinada y sus medidas han fracasado en la consecución de los objetivos de reducción del gasto sanitario”, ha señalado Pastor, quien ha alertado una vez más déficit sanitario.

Palabras que no han gustado a la bancada socialista. La portavoz Guadalupe Martín ha lamentado el “discurso catastrofista” del PP, “cuando tenemos un modelo sanitario que está entre los mejores del mundo”. Además, para la portavoz socialista “las propuestas del PP no reducirán costes, sino todo lo contrario”.

En esta misma línea se ha expresado Gaspar Llamazares, de IU, quien cree que la propuesta “implica un coste similar al que el PP pretende paliar, así que sería lo comido por lo servido”. El diputado ha asegurado que la clave está en el número de fármacos financiados. “En la actualidad financiamos alrededor de 6.000, cuando lo ideal serían no más de 1.000”. Respecto a la participación de las comunidades, Llamazares se ha mostrado de acuerdo, aunque con dudas sobre cómo se haría.

También ha apoyado el representante del PNV, Joseba Agirretxea, la participación de las comunidades en la fijación de precios porque “tienen plena autonomía para ello y porque conocen perfectamente sus necesidades farmacéuticas”. Este es un motivo por el que se han abstenido. Otro, sus dudas sobre que la medida presentada por el PP “suponga realmente un ahorro para el sistema”.

La diputada Concepció Tarruella, de CiU, también se ha mostrado en contra de volver al sistema de precios de referencia de 2003. Y ha criticado que se “demonice” al medicamento de marca. A pesar de que sí es partidaria de un cambio en la política farmacéutica, Tarruella cree que esta proposición no de ley “no es ahora el momento más oportuno, ni tampoco creo que deba hacerse a través de esta iniciativa”.