José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, con María José Vázquez, portavoz adjunta de Educación, y Rosa Aguilar, portavoz de Política Social.

María Márquez / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
Los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en materia de Sanidad y Política Social, José Martínez Olmos y Rosa Aguilar, han detallado las 48 enmiendas presentadas a los Presupuestos Generales del Estado de 2013 en sus respectivos ámbitos (25 y 23 respectivamente), que por otro lado cobran especial protagonismo en el impuesto que el Grupo añadiría sobre las grandes fortunas, destinándoles de forma finalista 1.000 millones de euros.

Con el objetivo de recuperar 157 millones de euros para el presupuesto sanitario además de destinar 8 millones al Hospital de Melilla cuyas obras están paralizadas, Martínez Olmos ha concretado el interés del PSOE en aspectos como las Unidades de Referencia, el Plan de Salud Bucodental, las Estrategias Estatales del SNS o la atención al sida. Además, ha llamado la atención sobre el recorte de 160 millones de euros “suspendidos por el Real Decreto 16/2012”, al ser cancelada la cuota obligatoria que Farmaindustria dedicaba (en función del volumen de venta) a actividades en el Instituto de Salud Carlos III (100 millones aproximadamente) y a programas autonómicos, instaurada de mano del Gobierno socialista en 2005. “Esto ha sido un golpe para la investigación sanitaria y los programas de cohesión”, ha recalcado Martínez Olmos.

El Fondo de Cohesión necesita 75 millones para no romper la equidad interterritorial

Como alternativa a la subida del IRPF y el IVA planteada por el Ejecutivo de Rajoy, el portavoz socialista de Sanidad ha explicado que de los 4.000 millones de euros que se obtendrían del impuesto a grandes fortunas, el 50 por ciento se trasladaría a las autonomías para que de forma finalista, 1.500 millones fuesen a parar al Fondo de Garantía de Servicios Básicos, con una dotación equitativa de 500 millones para sanidad, educación y servicios sociales. El Fondo de Cohesión es, en opinión de Martínez Olmos, una de las partidas más perjudicadas en los PGE de 2013, de ahí también que pugnen por aumentar su cuantía en 75 millones de euros, una vez que el Gobierno estatal lo ha convertido en “extrapresupuestario” ocasionando, según el PSOE, que “la sanidad sea cada vez más residual y los pacientes de las autonomías más pequeñas tendrán más dificultades para, por ejemplo, ser atendidos en Unidades de Referencia de otras comunidades, ahora que se tienen que pagar entre ellas los gastos de las derivaciones de pacientes” (anteriormente asumidos por el Estado).

Vuelta al “estado primitivo” de la Ley de Dependencia

Rosa Aguilar ha sido la encargada de anunciar las enmiendas sobre políticas sociales, que han llevado el foco hacia el Plan Concertado de Servicios Sociales Básicos (tras un recorte del 66 por ciento, según sus datos), el Plan de Apoyo a la Infancia y la Familia (recorte del 53 por ciento sobre los PGE de 2011), y la “voladura controlada de la Ley de Dependencia”. En este último punto, ha relatado diversas enmiendas relativas a: la reposición del nivel acordado de 283 millones de euros; el envejecimiento activo; la restitución del servicio de teleasistencia; la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad; y por último, la enmienda al articulado para devolver “la ley a su estado primitivo a través de la recuperación de los 200 millones de euros del Nivel Mínimo”.