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Carlos Corominas / Imagen: Miguel Fernández de Vega
Todos los grupos parlamentarios, salvo el Partido Popular (PP), han respaldado las dos proposiciones no de ley (PNL) expuestas en la Comisión de Sanidad del Congreso por parte del grupo socialista, una de ellas, y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), la otra, contra el Real Decreto de prescripción enfermera. Ambas propuestas han sido aprobadas por 28 votos a favor y con los 15 votos en contra de los diputados del Partido Popular.
Los miembros de la mesa de la Comisión de Sanidad: Guadalupe Martín, diputada del PSOE y secretaria primera; Alejandro Ramírez, diputado del PP y vicepresidente; Sebastián Franquis, diputado del PSOE y presidente; Luis de la Peña Rodríguez, letrado de la Comisión; María José García-Pelayo, diputada del PP y vicepresidenta segunda; Joan Baptista Olòriz, diputado de ERC y secretario segundo.
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Los miembros de la mesa de la Comisión de Sanidad: Guadalupe Martín, diputada del PSOE y secretaria primera; Alejandro Ramírez, diputado del PP y vicepresidente; Sebastián Franquis, diputado del PSOE y presidente; Luis de la Peña Rodríguez, letrado de la Comisión; María José García-Pelayo, diputada del PP y vicepresidenta segunda; Joan Baptista Olòriz, diputado de ERC y secretario segundo.
El primero en intervenir durante la presentación de las dos PNL ha sido Jesús María Fernández, portavoz del PSOE en esta Comisión, que ha afirmado que el Real Decreto conocido como de prescripción enfermera “es un atentado al ejercicio de la profesión de enfermería y al de otras profesiones”, y ha añadido: “Es el colofón a cuatro años desastrosos de gestión”. Por eso, ha solicitado derogarlo o hacer una moratoria y se ha mostrado convencido de llegar a un acuerdo con los grupos “que no tendrá efectos prácticos hasta que no cambiemos al gobierno”.
Por su parte, María Pilar Ardanza, portavoz del PNV, ha criticado la “invasión competencial” que supone la norma ya que considera que vulnera el espacio legislativo de las comunidades autónomas y ha criticado que “lejos de aportar seguridad jurídica, ha generado incertidumbre”.
Para Francisco Igea, portavoz de Ciudadanos, la forma en la que se ha aprobado la norma “es el reflejo a una forma de gobernar que afortunadamente ya se ha acabado”, en alusión a la composición del parlamento tras las últimas elecciones. Ha defendido que los profesionales de enfermería “están sobradamente preparados”. Además, ha criticado que el hecho de que estos trabajadores deban llamar al médico y esperar a que se recoja la prescripción en la historia clínica está causando demoras y “un grave perjuicio para ciudadanos, profesionales y el sistema sanitario”.
También se ha mostrado muy crítica con la norma Marta Sibina, portavoz de Podemos-En Comú Podem-En Marea, que ha afirmado que “no es normal que un Real Decreto ponga de acuerdo a todos los partidos”. Sibina ha denunciado que “supone una distorsión más que una ayuda” y ha defendido que “la derogación de este Real Decreto debe ser un punto de partida para un consenso que tenga en cuenta a las organizaciones colegiales, a los sindicatos y a otras organizaciones profesionales”.
Con todos los grupos en contra, Águeda Reynés, diputada del Partido Popular, ha defendido la validez del Real Decreto: “Ha mejorado la situación de los profesionales de enfermería que cumplen un papel fundamental”. Sobre las críticas acerca de la última modificación previa a la redacción del real decreto que modificaba lo acordado con los representantes de enfermería y recogía las posiciones de la Organización Médica Colegial, ha señalado que simplemente se “añadió un párrafo en el que se recuerda que quien prescribe es el médico”.
Publicidad engañosa
En la Comisión se han debatido dos PNL con forma diferente, pero fondo similar. Por un lado, el PSOE ha planteado una PNL, defendida por su diputado Antonio Hurtado, para “dar garantía jurídica de trabajadores y usuarios” de las franquicias dentales. Esta propuesta giraba en torno a cuatro ejes: combatir la publicidad agresiva, regular la financiación de estas clínicas, hacer que prevalezcan los criterios profesionales y técnicos y la lucha contra el falso autónomo.
José María Eiros, Francisco Igea y Marta Sibina.
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