Leire Sopuerta Biota / Fotografía: Miguel Ángel Escobar. Madrid
El Gobierno y los principales partidos del Congreso de los Diputados están dispuestos a promover un gran pacto por la dependencia, del que formarían parte las comunidades, los grupos parlamentarios y los agentes implicados en la aplicación de la norma. Así se ha puesto de manifiesto en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados tras la comparecencia de la secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Martínez.

Isabel Martínez, secretaria general de Política Social y Consumo, en un momento de su intervención en el Congreso.

La propuesta de pacto ha surgido del diputado de CiU Carles Campuzano, partidario de “parar y repensar” el desarrollo y la aplicación de la ley en beneficio de la estabilidad de su cumplimiento. A su juicio, “no se debe seguir generando falsas expectativas y frustración entre los ciudadanos”, ha dicho Campuzano, quien también es partidario de discutir “si necesitamos un ingreso específico para financiar la norma, como se hace en Francia o Alemania”. El diputado catalán cree que la situación presupuestaria de las comunidades “hará difícil que se aplique bien, por lo que pactemos entre todos su desarrollo”.

La secretaria general de Política Social y Consumo se ha mostrado de acuerdo con esta propuesta. “Es conveniente hacer un gran pacto político y social, en el que tengan voz todos los actores implicados en la ley”. Asimismo, apuesta por “una valoración sosegada y con rigor de la norma”, aunque en ningún momento se platea su paralización. El Partido Popular, aunque ha asegurado que apoyarían este pacto, han señalado que prefieren conocer antes los resultados de la evaluación de la ley, actividad en la que el Gobierno, ha dicho la diputada Lourdes Méndez, debe contar con las comunidades y “no lo hace”.

Isabel Martínez se ha referido en su intervención a la evaluación de la ley, en la que están trabajando y cuyos datos presentarán en las próximas semanas. Aunque no ha avanzado ningún resultado, sí ha dicho que “probablemente de la valoración de los indicadores estudiados se formularán propuestas que afecten al sistema de financiación con el fin de lograr la equidad en todo el territorio”.

Todos los grupos, salvo el Grupo Socialista, han coincidido en criticar los fondos que el Gobierno dedica a la norma, así como su “deslealtad” con las comunidades autónomas por no aportar la cantidad fijada. Algo que Martínez ha negado. “El Gobierno pone el 50 por ciento fijado, y se demostrará en los resultados de evaluación de la ley”. Además, ha insistido en que “solo hay transparencia en el dinero que el Gobierno destina a esta medida, algo que no ocurre en el caso de las comunidades”.