Redacción. Sevilla
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha anunciado en comisión parlamentaria que acaba de concluir la fase de exposición pública del texto de la futura Ley de Servicios, una ley que se ha diseñado “con el fin de constituir un instrumento para consolidar, fortalecer y modernizar nuestro sistema de Servicios Sociales, garantizando el acceso universal y haciéndolo más útil, ágil y eficiente”.
María José Sánchez Rubio.
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La futura ley, que sustituirá a la vigente desde 1988, ha explicado la consejera, considera como personas beneficiarias del sistema a todas aquellas de nacionalidad española con residencia en la comunidad autónoma, las extranjeras empadronadas y residentes, los andaluces y las andaluzas en el exterior y, en su caso, a todas aquellas que, encontrándose en la región, sufran alguna situación de extrema urgencia personal, familiar o social.
Novedades
El anteproyecto, cuyo fin es, según Sánchez Rubio, "prevenir, dar cobertura y atender las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su medio, mejorar su bienestar y garantizar el derecho a una vida digna (protegiendo de manera especial y urgente a las que se encuentran en situación de abandono, exclusión social o gran necesidad)", reconoce, como principal novedad, el derecho de la persona usuaria a la libre elección del tipo y modalidad de servicio más adecuado de entre los disponibles, así como a renunciar al mismo si lo desea.
Además recoge la opción de que cada persona pueda expresar su voluntad anticipada de recibir un determinado recurso en previsión de situaciones futuras de incapacidad, incluso ampara el derecho de la persona usuaria a tener asignado un profesional de referencia que dé continuidad e integralidad a su atención, también en su domicilio si fuera preciso. Este trabajador, que funcionará como primer nivel de interlocución para el grupo de población asignado, dotará a los usuarios de las herramientas y habilidades para que tomen sus propias decisiones y se encargará de valorar, planificar, coordinar y garantizar la adecuada atención a la ciudadanía.
El plan estabalece también un catálogo de prestaciones garantizadas, que serán exigibles por parte de la ciudadanía y tendrán la consideración de derecho subjetivo. Formarán parte de esta lista, al menos, los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; los programas de atención social y su seguimiento; la teleasistencia; la atención en urgencia social; los servicios específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo; las prestaciones económicas específicas y directas contra la exclusión y para la erradicación de la marginación y la desigualdad; la protección jurídica y social de personas con capacidad limitada, y las prestaciones ligadas a la dependencia.
Otra novedad es la Historia Social Digital, o Resisor (Regional Single Social Record), que permitirá la coordinación de los datos disponibles con el objetivo de facilitar la atención integral y de calidad a la persona usuaria. También se creará la tarjeta social electrónica para garantizar la igualdad en el acceso y la universalidad del sistema. |
