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Redacción. Zaragoza
La Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón comienza hoy jueves su tramitación tras el rechazo por parte del Partido Popular (PP) y el Partido Aragonés (PAR), los dos grupos que sostienen el gobierno, de las enmiendas a la totalidad presentadas a este proyecto por Chunta Aragonista (CHA) e Izquierda Unida (IU).
Ricardo Oliván, consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón.
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El debate sobre la tramitación del nuevo proyecto legislativo se ha iniciado con la defensa del texto por parte de Ricardo Oliván, consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Ejecutivo Autonómico, que ha subrayado que la nueva ley “no va en contra de nadie, sino a favor de la sanidad y los servicios sociales, de los pacientes y usuarios, de todos los ciudadanos”, y ha señalado además que no es algo sobrevenido sino una promesa electoral del PP cuya nota más relevante es que "reconoce la condición de autoridad pública tanto al personal de la sanidad, como al de los servicios sociales", lo que implica "protección reconocida jurídicamente".
A pesar de los esfuerzos de Oliván y de haber recordado que el proyecto ya obtuvo el voto favorable del Consejo de Salud y del Consejo Aragonés de Servicios Sociales, la oposición rechaza su tramitación y considera, en palabras de Nieves Ibeas, diputada del CHA, que a pesar de que el papel del personal que recibe la nueva Ley es “indiscutible”, "su mero reconocimiento como autoridad supone ignorar deliberadamente las carencias que tienen nuestros sistemas públicos".
Por su parte, Patricia Luquin, diputada de IU, considera que con el “ataque sin precendentes” que en estos momentos sufre la sanidad pública este proyecto "debería estar en el puesto 2.000 ó 3.000 de la lista de prioridades", y ha pedido al consejero que "primero, crea en estos profesionales" y les dote de "más recursos y medios".
Después, Carmen Susín, diputada del PP, ha querido recordar de nuevo el apoyo de los profesionales afectados a la iniciativa, y ha recalcado que la nueva Ley incluye sus propuestas y que se trata de un texto que contribuirá a "la total libertad en el ejercicio de sus funciones, sin estar sometidos a la amenaza y el menosprecio".
El parlamentario del PSOE , Eduardo Alonso, ha rebatido a la diputada argumentando que esta ley “parece una cortina de humo para ocultar la pérdida de poder adquisitivo” que ha sufrido el colectivo, así como “el empeoramiento de sus condiciones de trabajo”, por lo que su partido ha presentado 66 enmiendas parciales para su mejora.
Por último, el diputado del PAR, Manuel Blasco, ha considerado "necesaria" esta ley igual que, ha asegurado, lo son "la mejora de las condiciones de trabajo". |
