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Redacción. Barcelona
La consejera de Bienestar Social y Familia de Cataluña, Neus Munté, ha denunciado en el Pleno del Parlament que “las proporciones entre las aportaciones del Estado y la Generalitat a la Ley de Dependencia son cada año más injustas”. Así, Munté ha recordado que esta ley “ya desde su inicio nació mal financiada, y esa financiación ha empeorado año tras año, por lo cual el Gobierno de la Generalitat está haciendo un gran sobreesfuerzo para garantizar las prestaciones y servicios”.
Neus Munté.
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“La financiación pública de la Ley ha pasado de un 65,58 por ciento soportado por la Generalitat ante un 34,42 por ciento del Estado en 2008, a un 79,12 por ciento por parte de la Generalitat y un 20,88 por ciento del Gobierno central en 2012, cuando el que se preveía es que habría una aportación a partes iguales y esto no ha sido nunca así”.
Respecto a las últimas medidas anunciadas por parte del Gobierno central, “que ellos mal denominan ahorro”, parece que se confirma que en parte es el resultado de las medidas que ya se concretaron el julio de 2012, como la reducción del 15 por ciento en la prestación económica del cuidador no profesional o la supresión del pago de las cuotas de la seguridad social de estos, de forma que la consejera ha lamentado “la alarma creada entre los beneficiarios y la ciudadanía en general por la manera torpe de comunicar”.
Además, Munté ha añadido que el documento que recoge el programa de reformas elaborado por el Estado español habla de aprobar en un futuro algunos reales decretos de los cuales la Generalitat no tiene información y, por eso, la ha exigido al Estado. Por último, la consejera ha terminado su intervención reiterando su compromiso y el de todo el Gobierno de “seguir trabajando para preservar y garantizar los derechos sociales de las personas y, en especial, aquellas que están en situación de mayor vulnerabilidad”. |
