María Márquez.
El pleno de la Cámara balear ha dado su voto de confianza, en concreto 33 frente a 19 negativas, al Decreto ley 3/2012 de Medidas urgentes para la reestructuración del Servicio de Salud, que tiene como dos de sus ingredientes la plena potestad de la consejera en asuntos gerenciales y la eliminación de la figura del gerente. Los portavoces del PSOE y PSM-IU-Entesa, Vicenç Thomàs y Fina Santiago, han sido los encargados de dar la réplica a la consejera Carmen Castro.

Mª José Bauzá, presidenta de la Comisión de Salud.

La consejera de Salud, Familia y Bienestar Social, Carmen Castro, ha contextualizado el Decreto ley en una época marcada por la crisis económica y que exige, según sus palabras, “más grado de disciplina y coordinación presupuestaria”. En el nuevo organigrama el IB-Salut contará “con la misma personalidad jurídica”, si bien se impulsarán “acciones transversales” entre las Direcciones Generales y el Servicio de Salud en aras de conseguir una estructura “más ejecutiva y ágil”, según Castro. Por último , también se ha referido a la conveniencia de modificar el apartado concerniente a los tiempos de espera máximos, en la línea del Real Decreto estatal promovido por el Gobierno.

Por el Partido Popular, la encargada de defender la medida ha sido la presidenta de la Comisión de Salud, María José Bauzá i Alonso, quien ha defendido el texto como un ejercicio de “transparencia con mayúsculas” y un “marco único de garantía”. Y ante la controversia sobre el aumento de sueldos de altos cargos, Bauzá i Alonso ha justificado el incremento asegurando que “es lógico ya que asumen más funciones” y sin embargo esta decisión no supone “más gasto adicional” para las arcas autonómicas ya que además “se ahorran 28.000 euros” del sueldo del gerente del Servicio de Salud, Juan José Bestard.

El portavoz socialista, Vicenç Thomàs, ha asegurado que el Decreto ley “afecta a derechos y presupuestos” y que la justificación del Partido Popular a esta medida es “una auténtica falacia”. Para Thomàs es un error que “mientras en otras autonomías se aboga por separar tareas políticas y gestoras, aquí se unen”. Por otro lado, el portavoz del PSOE balear ha asegurado que la medida supone la “anulación de los derechos de los ciudadanos” en lo que a regulación de tiempos de espera se refiere.

Desde PSM-IV-Entesa, Fina Santiago ha acusado a ambos partidos mayoritarios de “no poseer argumentos políticos” y basarse en “atacar” la gestión de unos y otros. Santiago ha insistido en su malestar ante la subida de sueldos, como el plus anual del vicepresidente actual en 25.000 euros.