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Redacción. Zaragoza
El consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, ha anunciado sobre la posibilidad de modificar el cribado de cáncer de mama que “en ningún caso se va a cambiar, sea cual sea la decisión que se adopte en el Consejo Interterritorial”. Asimismo, ha anunciado que se va a poner en marcha un proyecto de cribado para detectar el cáncer de colon. Durante su intervención en el Pleno de las Cortes, el consejero ha señalado que la sanidad aragonesa es hoy más sólida que antes del real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema, pero ha indicado que eso no implica que se haya logrado la sostenibilidad, que requiere medidas propias.
Ricardo Oliván, consejero de Sanidad.
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El consejero ha explicado que se está acometiendo una exhaustiva evaluación de los contenidos de la cartera básica, que tiene por objetivo garantizar la igualdad de los ciudadanos ante la sanidad, fija unos contenidos mínimos sobre las prestaciones que podrán complementar las comunidades autónomas e incluye cuestiones como prevención, diagnóstico, tratamiento o transporte urgente.
Oliván ha precisado que esa evaluación se desarrolla a través de grupos de trabajo técnicos y que entre los procedimientos más avanzados figura el cribado de cáncer de mama, un programa, ha asegurado, que en ningún caso en Aragón se va a modificar sea cual sea la decisión que se adopte en el consejo interterritorial. Y también al margen de lo que se decida, se va a poner en marcha un proyecto de cribado para detectar el cáncer de colon. En cuanto a la cartera suplementaria, se ha referido al transporte sanitario no urgente y ha recordado el compromiso del Gobierno de Aragón en relación con los tratamientos de larga duración y frecuentes desplazamientos, de pacientes en hemodiálisis u oncológicos, que no habrá ningún tipo de copago siempre que exista prescripción facultativa.
Oliván ha destacado que en farmacia existía un importante margen de ahorro, que el nuevo sistema que se aplica en función de la renta es estrictamente disuasorio y que en Aragón, el reintegro cuando se superan los topes fijados se han establecido con una periodicidad de en tres meses en lugar de en seis y en un mes cuando las cantidades acumuladas superan los 30 euros. También ha resaltado el establecimiento en Aragón de un sistema de índices correctores para los márgenes profesionales de farmacias con menos volumen de ventas, que se ha compensado ya en la factura del mes de febrero a 39 farmacias rurales la cantidad de 154.000 euros, y que el ahorro total en farmacia en Aragón con todas las medidas hasta el 31 de diciembre asciende a 39,5 millones de euros. En cuanto a las compras centralizadas, ha detallado que Aragón se ha adherido a dos acuerdos marco de adquisición de medicamentos y ha manifestado su intención de sumarse a otros dos, y aunque aún no se ha calculado el ahorro, el importe de las compras podría ascender a 20,9 millones de euros.
La oposición recrimina los criterios economicistas
Por el contrario, la portavoz de CHA, Nieves Ibeas, ha señalado que el objetivo de las medidas es el ahorro y han generado el rechazo de la mayoría de la sociedad, de los pacientes, de los profesionales y de la plataforma Marea Blanca, y que tras veinte meses de gestión del Gobierno la población aragonesa está peor atendida y la sanidad está más lejos y es más cara. Eduardo Alonso, del PSOE, ha afirmado que las medidas persiguen recaudar, “fastidiando” a pacientes y profesiones, ha denunciado que el decreto se “carga” los principios de universalidad, equidad, calidad y cohesión, pasando a un modelo de aseguramiento, y ha denunciado “el medicamentazo” y el “copago”, que penaliza económicamente la enfermedad y a colectivos vulnerables. Por su parte, Patricia Luquin, de IU, ha opinado que el decreto, si pretendía garantizar la sostenibilidad del sistema, “ha fracasado rotundamente”, ha denunciado los recortes, el “repago” y la exclusión de ciudadanos a tratamientos porque no los pueden costear.
Manuel Blasco, del PAR, ha considerado “injusto” decir que la sanidad está mejor que hace unos meses, pero ha dicho que su partido entendió la necesidad de adoptar medidas para corregir el déficit, pero también que hay “rayas rojas” sobre las que no se debe actuar y que se han de mantener los servicios esenciales, favorecer a los sectores más vulnerables y atender la disponibilidad económica de los usuarios y las características de Aragón. Carmen Susín, del PP, ha afirmado que el nuevo sistema de aportación farmacéutica es mucho más justo porque los usuarios aportan según sus ingresos, “como le gusta a la izquierda a veces, que se han tomado medidas para disminuir el precio de los medicamentos y aumentar el consumo de genéricos y que la gestión ha permitido un ahorro de casi 40 millones de euros, al tiempo que ha resaltado la excepción en Aragón respecto del transporte sanitario no urgente.
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