Redacción. Zaragoza
La portavoz de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes, Nieves Ibeas, ha criticado la supresión de las dos camas de la Unidad de Desintoxicación que había en el Hospital Provincial de Zaragoza, "las dos únicas" de carácter público para atender a estos pacientes, así como los "recortes" en las Unidades de Asistencia y Seguimiento a las Adicciones, y ha alertado del posible cierre de la comunidad terapéutica El Frago.

Ha recordado que este último es el único centro público de estas características para la asistencia y reinserción de personas con adicciones, que posee 28 plazas, aunque habitualmente tiene ocupadas unas 20, y donde trabajan seis funcionarios y dos interinos, incluido el director, en su mayor parte educadores sociales. Según ha relatado, se trata de un espacio "muy austero", que "no tiene ni una conexión a Internet" y cuyo equipo de profesionales "trabaja cada vez en peores condiciones", mientras que los residentes "no tienen el apoyo que deberían" por la falta de medios.

Ibeas ha explicado que el pasado 21 de noviembre el Boletín Oficial de Aragón publicó un anuncio por el que se convocaba la licitación de un contrato de gestión de servicios públicos de internamiento en comunidad terapéutica de carácter residencial para personas con trastornos adictivos, "estableciendo la atención simultánea de los servicios de internamiento para al menos 30 pacientes, pudiendo llegar a 45".

La parlamentaria ha señalado que este convocatoria, cuyo plazo para presentar ofertas ya ha finalizado, "ha servido para reabrir las dudas sobre el futuro de la comunidad terapéutica El Frago", que desde su creación hace 27 años "siempre se ha debatido entre el cierre y el mantenimiento" porque "no ha habido ni un solo Gobierno que haya creído en su potencial" y ahora "ya vemos por donde quiere ir" el actual Ejecutivo autonómico. En su opinión, "se quiere quitar de encima lo que considera que es un muerto, la gestión directa de un recurso que cuenta con unos profesionales con una experiencia grandísima y que es una estupidez desaprovechar". Asimismo, ha criticado que la licitación "rebaja las condiciones que los profesionales entienda como mínimas, como su número y categoría profesional, porque bastará con monitores" y "se empeoran las condiciones de atención a las personas, abaratando el coste hasta un límite insospechado", reduciendo el gasto mensual por residente en 500 euros respecto a "lo que era mínimo en 2005".