Javier Barbado. Madrid
El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha aprobado el proyecto de reforma de la ley del aborto con 145 votos a favor, 89 en contra y cinco abstenciones. Tal como se preveía, la Cámara Alta refrenda así la modificación que exigirá el consentimiento de los padres o tutores para abortar en las mujeres menores de entre 16 y 18 años.
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 María Dolores Pan, del Grupo Parlamentario Popular, y Encarnación Llinares, del Grupo Socialista.
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En concreto, las siete propuestas de veto presentadas por la oposición han sido rechazadas por152 votos en contra (salvo dos de ellas, por 151), 84 a favor (salvo una de ellas, por 83) y ocho abstenciones (una de las senadoras votó por medios telemáticos). En cuanto a las enmiendas, han sido todas ellas rechazadas en once procesos de votación.
Por otra parte, la votación no ha sido finalmente secreta a pesar de la petición expresa de más de 70 senadores de que lo fuera. El presidente de la Cámara Alta, Pío García-Escudero, informó, justo antes de concluir la sesión, de que se habían recibido dos peticiones contradictorias, pues también se había registrado otra que reclamaba la votación como pública, en este caso por parte del Grupo Parlamentario Popular. Se sometió a votación la decisión y se resolvió, por 149 votos en contra y 91 a favor (cero abstenciones) que se rechazase el reclamo de secreto en el voto.
María Dolores Pan Vázquez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP) y vocal en el Senado, ha precisado que las dos modificaciones legislativas en la ley aprobada en 2010 por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y que ahora lleva a cabo el actual Gobierno, en ningún caso deroga los derechos de las mujeres, y, en este sentido, ha recordado que una encuesta publicada en su día por el diario El País reveló que más de la mitad de los votantes socialistas se oponía a que las menores pudiesen abortar sin el consentimiento paterno.
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 La presidenta de la Comisión de Sanidad del Senado, del PP, María del Carmen de Aragón, y Laura Berja, del Grupo Parlamentario Socialista.
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“El objeto de este proyecto no es regular la interrupción voluntaria del embarazo”, ha dicho, sino refrendar el derecho paterno o tutorial a consentir el aborto de las mujeres menores de edad.
En su turno de palabra, la representante del Grupo Parlamentario Socialista (GPS), Encarnación Llinares, ha criticado con dureza al partido en el Gobierno por “no ser capaz de presentar un proyecto de ley” y recurrir, en cambio, a una PNL para “sacar la proposición por la puerta de atrás”.
Para Llinares, la reforma va a obligar a las mujeres de entre 16 y 18 años (alrededor del 0,3 por ciento de las que interrumpen su embarazo en España) al aborto clandestino, tal como, según ha incidido, temen “todas las organizaciones internacionales como Naciones Unidas”. “Hoy se va a producir en el Senado el más brutal de los atentados contra las mujeres menores”, ha aseverado, para añadir que vetan la modificación legislativa de final de legislatura “porque cambia los derechos de las mujeres por un puñado de votos”. “Por eso, desde el Grupo Socialista y dentro de unos meses, será una de las primeras leyes que derogaremos”, ha advertido.
En su turno de palabra, José María Cazalis, del Grupo Parlamentario Vasco (GPV), ha recordado que “quien recurre al aborto nunca lo hace de manera voluntaria”. “Por eso vimos la necesidad, en 2009, de buscar una salida lo más digna posible incluyendo en una ley las medidas más sensatas y lógicas”, ha añadido. Y ha arremetido contra el Gobierno por no haber presentado un proyecto de ley (en lugar de una PNL, según se ha referido a la reforma) para este asunto cuando ha utilizado su mayoría absoluta para otros muchos asuntos “como los recortes en sanidad”.
De Aragón responde a la intervención de Mulet
Por su parte, Carles Mulet, de Compromís (Grupo Mixto), ha tachado de “puros reaccionarios y caspa” a los miembros del grupo popular, y ha asegurado que la PNL ratificada la llevan a cabo “para tapar sus escándalos y contentar a su público más radical”.
Más tarde, en el turno de defensa de las enmiendas, María del Carmen de Aragón –presidenta de la Mesa de la Comisión de Sanidad del Senado– ha censurado la intervención de Mulet subrayando la forma irrespetuosa que, según ha dicho, ha utilizado en todo momento.
Portavoces de otros grupos parlamentarios como de Entesa Pel Progrés de Catalunya, Mónica Almiñana, ha alertado de que las menores, en adelante, si tienen recursos acudirán a abortar fuera de España, pero, si no los tienen “por pertenecer a familias desestructuradas”, tendrán que empezar un camino judicial para probar que sus padres no ejercen como tales.
Además, Almiñana ha enfatizado en que “esto es un Estado aconfesional y no se puede legislar a partir de sus creencias [en alusión a los senadores ‘populares’]”, y ha expresado que, a su parecer, esta modificación de la ley es vista como un retroceso por Amnistía Internacional y la Organización de Naciones Unidas.
En su último turno, Berja ha reprochado el uso de la palabra “normal” a las filas ‘populares’ al referirse, según ella, a lo que ‘no son’ los colectivos de familias desestructuradas. Del Carmen de Aragón ha precisado que se entiende por normal “lo que sigue la norma” de acuerdo con los diccionarios, y ha precisado que “la moral no es religiosa” en alusión a otras intervenciones, al tiempo que ha asegurado que, con esta ley, “defendemos a las menores”. “Desde el Partido Popular, hemos luchado como el que más por los derechos de las mujeres”, sentenció .
Senadores díscolos del Partido Popular
De acuerdo con información de agencias, los senadores 'populares' contrarios a la reforma, como Ángel Pintado, Gari Durán, y José Ignacio Palacios, han emitido su voto negativo rompiendo la disciplina del grupo parlamentario. Además, dos senadores de esta misma formación se han ausentado de la votación para no tener que apoyar la iniciativa, según han informado fuentes parlamentarias.
La 'popular' Ana Torme ha emitido su voto en blanco para no mostrar su objeción a la iniciativa 'popular'; Amelia Salanueva de UPN ha votado también en contra, al igual que José María Fuster (PAR), que pertenece al Grupo Popular. También del PAR se han abstenido María Belén Ibarz y Rosario Santos.
Fuentes parlamentarias han indicado a Europa Press que será el Consejo de Dirección del Grupo Popular en el Senado el que decida la semana del 28 de septiembre, cuando tenga lugar el próximo Pleno, si impone una sanción económica a los senadores que han roto la disciplina de voto.
La reforma, al Boletín Oficial del Estado
Tras su paso por el Senado concluye el trámite de esta iniciativa que el Grupo Parlamentario Popular registró en el Congreso después de que el Gobierno retirase la reforma del aborto que había planteado el Ministerio de Justicia, un proyecto que proponía la instauración de un sistema de supuestos más restrictivo que el vigente desde 1980 y cuya desaparición implicó la salida de Alberto Ruiz Gallardón.
La modificación modifica las leyes de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo y la de Autonomía del Paciente para que el aborto vuelva a ser una de las tres excepciones en que una persona que ha cumplido 16 años de edad necesita el consentimiento de sus tutores legales, junto a la reproducción asistida y los ensayos clínicos. En caso de que la joven discrepe de sus tutores, tendrá que acudir a un juez para que medie en el conflicto.
La proposición de ley del PP ha contado con siete vetos de IU, CC, ICV, ERC, PSC, Podemos y PSOE, que han sido también rechazados. Todos los senadores que han defendido estos vetos han criticado que el Gobierno reforme la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010 mediante una proposición de ley y no un proyecto para evitar los informes preceptivos, algo que, a juicio de la mayoría de la oposición resulta "escandaloso".
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