Redacción. Zaragoza
Las Cortes han aprobado la Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos, con el voto favorable de los grupos de PP y PAR, el apoyo parcial del PSOE y el rechazo de IU y CHA. Los beneficiarios son los profesionales sanitarios de la red pública reconocidos legalmente como tales, los directores y subdirectores de centros sanitarios o sociales, trabajadores sociales, pedagogos, educadores y personal de gestión y servicios.
Carmen Susín ha sido la encargada de defender el dictamen.
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Estos profesionales serán considerados autoridad pública, tendrán asistencia jurídica y gozarán de la presunción de veracidad en los escritos que formalicen. Los funcionarios deberán colaborar con los profesionales. El separtamento aplicará sanciones administrativas si los usuarios cometen infracciones y comunicará a la Fiscalía las conductas penales.
Los profesionales sanitarios y sociales tienen derecho a recibir un "trato adecuado" y ser valorados por usuarios, familiares y acompañantes en el ejercicio de su profesión. Se les reconoce el derecho a trabajar en "un ambiente adecuado, donde sean respetados sus derechos", especialmente a la integridad física y moral. Se prevé la creación de mecanismos de mediación para la "resolución pacífica de conflictos que se pueda originar". Los profesionales víctimas de la violencia contarán con apoyo psicológico y médico, la protección necesaria
La Ley busca la calidad permanente de los servicios y prestaciones sanitarios y sociales y pretende garantizar el ejercicio de las funciones de los profesionales de ambos sectores. Promueve los valores de la tolerancia, la convivencia, la garantía de los derechos y deberes de los usuarios. La parlamentaria del PP, Carmen Susín, ha presentado, como miembro de la Comisión la iniciativa legislativa, señalando que el texto ha sido enriquecido durante su tramitación en sede parlamentaria. Ha dado cuenta del trabajo de la Comisión.
Como representante del PP, Susín ha recordado que este fue un compromiso electoral del PP y ha destacado la "preocupación" que causan las agresiones a estos profesionales, que "no deben permitirse en ningún caso, puesto que rompen el vínculo de confianza que debe existir" entre profesionales y pacientes. En el turno en contra, la portavoz de CHA, Nieves Ibeas, ha rechazado el texto por considerar que la mejora de la calidad del sistema sanitario y de servicios sociales "no era la medida prioritaria", lo que meses atrás motivó la presentación de una enmienda de devolución.
Ha alertado del "grave deterioro" del sistema sanitario público y ha atribuido a PP y PAR el "desmantelamiento de nuestro sistema público de salud". En su opinión, esta Ley es "una cortina de humo para todo el trabajo que queda pendiente".
La portavoz de IU, Patricia Luquin, se ha reafirmado en los argumentos que esgrimió su grupo para defender una enmienda de devolución, meses atrás, y ha negado que esta nueva norma sea prioritaria para garantizar la calidad de la salud y los servicios sociales públicos.
El portavoz sanitario del PSOE, Eduardo Alonso, ha lamentado que el Gobierno no haya aportado datos de agresiones a profesionales sanitarios y de servicios sociales, tras lo que ha apostado por una regulación más preventiva y menos sancionadora.
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