Ana Corredera, vicesecretaria de Organización, Electoral y Política Municipal del PP.

Redacción. Sevilla
La vicesecretaria de Organización, Electoral y Política Municipal del PP-A, Ana María Corredera, ha negado que el Tribunal Constitucional "haya dado la razón" a la Junta de Andalucía sobre la subasta de fármacos y ha acusado al PSOE-A de "querer confundir" a los andaluces lanzando este mensaje que no se corresponde con la realidad porque, según ha recalcado en diferentes ocasiones, el Alto Tribunal "solo ha levantado la suspensión" de la subasta.

Corredera ha dicho que el PP-A le tiene un "respeto absoluto" a las decisiones del TC pero que "no va a consentir" que el Gobierno andaluz "lleve tres días confundiendo a la ciudadanía, porque ahora mismo solo se ha suspendido la medida cautelar que no permitía esa subasta, pero se está a la espera de pronunciamiento sobre el contenido del decreto ley recurrido, del conocido como decretazo farmacéutico", ha recalcado.

Según la 'popular', el recurso interpuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy respondía a la necesidad de "garantizar la igualdad de los ciudadanos ante el acceso a las prestaciones" y a que el Ministerio de Sanidad ya ha ido poniendo en marcha otras "medidas de ahorro" que, a diferencia de esta propuesta de la Junta, no van contra "la igualdad" en la atención sanitaria de los españoles. Así, y tras citar el mayor uso de genéricos, la actualización del nomenclátor o las compras centralizadas de vacunas, ha asegurado que el Gobierno ha ahorrado desde el pasado mes de junio un total de 803 millones de euros. "Eso es un ahorro real y no el que nos está anunciando la consejera. Porque son medidas que benefician a todos los españoles, incluidos los andaluces, no como el caso de la subasta de medicamentos", ha añadido.

Es por ello, ha defendido, que el Gobierno presentó un recurso ante el TC y por lo que el PP-A siempre estuvo en contra de esta medida, ya que los 'populares' "seguimos pensando que la subasta crea diferencias, reduce la oferta y puede que incluso genere problemas de abastecimiento entre las diferentes provincias". "Esto es un recorte en toda regla de las prestaciones sanitarias y supone una clara desventaja en el derecho de los andaluces de acceder a los medicamentos en condiciones de igualdad de todos los españoles", ha justificado tras pedir a la Junta que pida "perdón a los andaluces y deje de manipular la información diciendo que el Constitucional les ha dado la razón porque lo único que ha hecho es levantar la suspensión cautelar y no se ha pronunciado todavía sobre el contenido el decreto ley", ha insistido.