Humberto Muñoz, secretario general de CCOO.

Redacción. Sevilla
Una delegación de la Federación de Sanidad de CCOO, encabezada por su secretario general, Humberto Muñoz, se ha reunido con el portavoz de IU en el Parlamento, José Antonio Castro, para solicitarle que presente una enmienda a la Ley de Presupuestos de la Junta para 2013, a fin de que se reestablezcan las pagas adicionales de junio y diciembre de 2013 suprimidas en la Ley 3/2012. Asimismo, esta delegación le ha trasladado su "histórica reivindicación" para que se integren las agencias públicas sanitarias en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y su preocupación por los problemas laborales del Personal Residente en Formación y por la situación del sector de la dependencia.

Respecto a la restitución de las pagas adicionales de junio y diciembre de 2013, CCOO ha señalado que, según los datos que maneja la propia organización sindical, dicho "doble recorte" al personal del sector público en el próximo ejercicio económico le supondría al SAS "un ahorro de 85 millones de euros". Sin embargo, Muñoz ha insistido en que hay "fórmulas alternativas" para evitar la pérdida de poder adquisitivo y mantener los derechos de los empleados públicos. De hecho, en mayo de 2012, propuso a la Administración una serie de medidas alternativas al Plan de Ajuste de la Junta, entre las que se encontraba la reconversión o integración, con criterios de eficiencia, de aquellas agencias o entes públicos del sector sanitario que así lo requieran, sean de carácter asistencial, formativo o investigador.

Sobre el conflicto que el personal residente en formación mantiene con el SAS, este sindicato ha reiterado su postura de que dicho colectivo, formado por casi 5.000 especialistas, "debe quedar exento de las medidas del Plan de Ajuste" y ha evidenciado cómo en el año 2010 "el 78 por ciento de este personal", al finalizar su periodo formativo, seguía vinculado al Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA). CC.OO. también ha manifestado a IU su preocupación por la situación del sector de la dependencia, dado que, según la información que maneja, la Consejería de Salud y Bienestar Social tiene previsto aprobar una orden mediante la cual "se disminuye la ratio de trabajadores por cada usuario de residencias para personas mayores", lo que produciría una "pérdida de alrededor de 4.000 puestos de trabajo" y una "merma" en la calidad asistencial del servicio que prestan.